El proyecto intenta derogar el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas (Ley 12.921), vigentes desde hace 80 años, sin mediar debate alguno con las organizaciones del sector y el periodismo en general. Estos instrumentos establecen derechos laborales, de estabilidad y jornada de 36 horas semanales, más otros vinculados al ejercicio de la profesión, la libertad de expresión como derecho inalienable, el libre acceso a fuentes y la prohibición de discriminación por opinión política o gremial. La constitucionalidad de estas normas, por la particular naturaleza de la actividad, ha sido ratificada reiteradamente por los tribunales del país, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.