El Ministerio de Educación activó un operativo sin precedentes en ciudades como Posadas, Puerto Rico y Eldorado. Tras la aparición de pintadas e intimidaciones en redes, equipos de salud mental y seguridad trabajan para contener a las familias y desarticular el "efecto contagio".
MISIONES. Viernes 17 de abril de 2026. Lo que comenzó como una serie de mensajes y pintadas vinculadas a retos virales de internet derivó en un
operativo de seguridad y contención educativa que ya alcanzó a 46 establecimientos escolares de Misiones. La Directora de Políticas Estudiantiles,
Emilia Lunge, fue tajante:
"No minimizamos nada; amenazar es una situación de violencia y un delito".
El caso más crítico: Armas en Puerto Rico
Si bien la mayoría de los casos responden a un "efecto contagio" por redes sociales, la situación más grave se registró en la ciudad de Puerto Rico. Durante un procedimiento derivado de estas amenazas, la policía halló armas en un domicilio vinculado a un estudiante. Este episodio marcó una diferencia clara entre las "bromas" pesadas y los riesgos reales, llevando a las autoridades a trabajar de forma focalizada con el entorno familiar de los involucrados.
Acción en territorio y salud mental
El protocolo se activa con la denuncia policial de los directivos, pero el trabajo fuerte ocurre dentro de las aulas. Equipos de salud mental y seguridad escolar se desplazaron a localidades como Iguazú, San Pedro, Oberá y Garupá para:
Diferenciar chiste de delito: Talleres para que los adolescentes comprendan las consecuencias legales de sus actos.
Contención familiar: Espacios de diálogo para padres sobre la supervisión del uso de plataformas digitales.
Escucha activa: Modificación de actividades escolares para habilitar el debate y reducir el ausentismo provocado por el temor.
El rol de los adultos en la era digital
Desde el Ministerio insistieron en que la viralización de estos retos es contraproducente, ya que les otorga la visibilidad que buscan los autores. "Necesitamos saber qué plataformas usan nuestros hijos", planteó Lunge, reforzando que las actuaciones judiciales también pueden alcanzar a los tutores y padres por la responsabilidad civil sobre los menores.
A pesar de la tensión, las clases no fueron suspendidas en ninguna de las 46 instituciones afectadas, aunque se mantiene un monitoreo constante para garantizar la seguridad de alumnos y docentes.