Misiones, Argentina — Viernes 2 de octubre de 2026
El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado para que inicie acciones judiciales con el fin de proteger los derechos de la provincia sobre su territorio. Esta decisión se tomó después de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permite la libre adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La medida se formalizó a través del Decreto N.º 1935.
El viernes 2 de octubre de 2026, el gobernador Hugo Passalacqua comunicó en sus redes sociales que había instruido al Fiscal de Estado para iniciar las acciones judiciales necesarias para resguardar los derechos de Misiones sobre su territorio. Esta determinación surge como respuesta al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habilita la libre adquisición de tierras por parte de extranjeros. En su mensaje, el mandatario afirmó que la medida se mantiene “fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales”.
Passalacqua justificó la decisión basándose en las características particulares de la provincia, señalando que “con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”. Además, calificó el cuidado de la tierra misionera como “un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”. También había anticipado que las acciones se llevarían adelante “en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes”.
El Decreto N.º 1935, firmado por el gobernador, detalla que el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023, en su artículo 154, deroga la Ley N.º 26.737, que establecía el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. En este sentido, el decreto provincial indica que el fallo de la Corte Suprema, dictado en la causa “C.E.C.I.M. La Plata c/ PEN s/ amparo ley 16.986”, tuvo como consecuencia la inmediata vigencia de dicho artículo. De esta manera, la Provincia queda en una situación de absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional frente a la libre adquisición de su territorio por parte de personas extranjeras.
El documento oficial señala que la vigencia del DNU N.º 70/2023 afecta de manera directa y perjudicial la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la Provincia. También advierte que la norma modifica sustancialmente las reglas que rigen sectores estratégicos para el desarrollo provincial y lesiona la integridad territorial, el control de los recursos naturales y cuestiones de seguridad provincial y municipal, entre otras. Por estas razones, el Gobierno de Misiones considera necesario ejercer el legítimo derecho de defensa de los intereses de la provincia y llevar a cabo las acciones judiciales que correspondan.







