El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda colectiva contra la administración de Donald Trump por compartir información relacionada con Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que forma parte el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en 20 estados.Cuáles son los 20 estados en los que Trump compartió información con el ICELos fiscales generales de los territorios reclamaron la impugnación de la decisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) de entregar el acceso a los datos personales de salud individuales. La acción legal fue presentada el martes 1º de julio ante el Tribunal de Distrito para el distrito norte de California.“Los datos personales de salud recopilados sobre los beneficiarios del programa son confidenciales y solo se compartirán en ciertas circunstancias específicas que beneficien la salud pública y la integridad del propio programa de Medicaid”, señala el escrito del Departamento de Justicia.El argumento principal de la demanda, presentada por el fiscal y representantes de 20 estados, señala que “la transferencia masiva de esos datos viola la ley” y exige al organismo que “bloquee cualquier nueva transferencia o uso de esos datos con fines de control migratorio”.Los territorios de EE.UU. que se unieron a la demanda presentada a través de sus fiscales generales son:ArizonaCaliforniaColoradoConnecticutDelawareHawaiiIllinoisMassachusettsMaineMarylandMichiganMinnesotaNevadaNueva JerseyNueva YorkNuevo MéxicoOregonRhode IslandVermontWashington Qué alegó el gobierno de Estados Unidos ante el traspaso de informaciónEste plan otorga cobertura de salud a más de dos millones de migrantes en ese país, que pueden ser titulares de la green card o tarjeta de residencia permanente, refugiados, del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o incluso de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).Según alegó la administración de Trump, los datos proporcionados al DHS tenían el objetivo de “garantizar que los beneficios de Medicaid se reserven para las personas con derecho a recibirlos”.Por su parte, la demanda presentada por Bonta asoció la acción del gobierno estadounidense a las políticas migratorias implementadas desde que el republicano regresó a la Casa Blanca, como las redadas ejecutadas por el ICE o la ampliación de los centros de detención en todo el territorio norteamericano.“Las acciones ilegales de la administración Trump están generando temor y confusión que llevarán a los no ciudadanos y a sus familiares a cancelar su inscripción o negarse a inscribirse en Medicaid de emergencia, al que de otro modo serían elegibles”, señala el escrito. El comunicado destaca las consecuencias de esta medida, que obligaría “a los estados y a sus hospitales de la red de seguridad a asumir los costos de los servicios de atención médica de emergencia exigidos por el gobierno federal”.Así, concluye que los migrantes “podrían no recibir los servicios de salud de emergencia que necesitan y, como resultado, sufrirán consecuencias negativas para la salud e incluso la muerte”.