POSADAS - ENCARNACIÓN. Un comandante de Gendarmería Nacional, perteneciente al Escuadrón 50 Posadas, denunció haber recibido una grave amenaza de muerte en su domicilio particular. El episodio ocurrió el pasado viernes por la mañana, cuando el oficial se encontraba participando de la ceremonia oficial por los veteranos y caídos en Malvinas. Fue su esposa quien, alrededor de las 9:30 h, descubrió una nota intimidatoria pegada en la puerta de la vivienda.
El mensaje, elaborado con letras recortadas de medios gráficos, contenía una advertencia explícita: “FAMILIAR X FAMILIAR HDP PREPARATE”. Ante la gravedad del hallazgo, la fuerza federal activó de inmediato protocolos de seguridad para proteger al uniformado y a su entorno cercano, mientras que el Juzgado Federal de Posadas tomó intervención directa en el caso.
La conexión con la red de sobornos
La principal línea investigativa vincula esta amenaza con el avance de una causa por corrupción en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. El expediente, que se inició en 2022 tras la denuncia de un propio integrante de Gendarmería, investiga un esquema de cobro de "coimas" a taxistas, remiseros y paseros para saltear los controles fronterizos y evitar las filas en el viaducto.
En marzo de este año, la investigación dio un salto cuantitativo cuando la jueza federal María Verónica Skanata ordenó 38 allanamientos simultáneos. En dichos operativos, la Unidad de Inteligencia Criminal “Misiones” incautó más de 57 millones de pesos, miles de dólares, armas de fuego y 62 teléfonos celulares que resultan clave para desentrañar la organización.
Un expediente con 71 implicados
La magnitud de la causa por coimas queda evidenciada en la cantidad de personas supeditadas a la investigación. Actualmente, el proceso alcanza a 24 efectivos de Gendarmería Nacional, 22 agentes de la Dirección General de Aduanas y 25 trabajadores de frontera paraguayos.
Para los investigadores, la intimidación al comandante no es un hecho aislado, sino una posible represalia ante los operativos realizados el pasado 16 de marzo. La gravedad del suceso refuerza la hipótesis de que se está frente a una red delictiva que intenta frenar el accionar judicial mediante tácticas de amedrentamiento, en uno de los pasos fronterizos más transitados del país.