Misiones, Argentina — Viernes 20 de noviembre de 2026
Silvio Garbolino, intendente de Melincué, se encuentra involucrado en una causa judicial por una supuesta estafa que supera los 300 millones de pesos. La acusación es contra una mutual y varios ahorristas del sur de Santa Fe. La investigación señala una serie de acciones financieras que habrían incluido la alteración de cheques, la tramitación de préstamos sin autorización y el movimiento de fondos pertenecientes a productores agropecuarios y comerciantes. Mientras el proceso judicial sigue su curso, la Fiscalía está negociando con el acusado la resolución del caso a través de un juicio abreviado.
El caso ha cobrado relevancia también por la trayectoria política del jefe comunal. Garbolino ganó cuatro elecciones en Melincué, una localidad con aproximadamente 2.500 habitantes. Las primeras tres victorias fueron como aliado del radicalismo, y la última, en junio de 2025, con el sello de La Libertad Avanza. Según una publicación de La Política Online, Garbolino salió de prisión bajo fianza apenas tres días antes de esos comicios.
La causa se remonta a los años en que Garbolino estaba al frente de la comuna y acudía a la Asociación Mutual de la Familia del Calzado (Amfac) para cambiar cheques de la administración. De acuerdo con el testimonio de Jacki Luchessi, abogada de la entidad, los primeros problemas surgieron a fines de 2023, cuando algunos de esos documentos comenzaron a ser rechazados. En enero de 2024, Garbolino renunció a la conducción comunal.
Sin embargo, después de dejar su cargo, Garbolino siguió vinculado a la mutual y empezó a comercializar seguros y préstamos en la sucursal de San Gregorio, una localidad cercana. La situación se complicó nuevamente a comienzos de 2025, cuando el Banco Coinag alertó sobre cheques presuntamente adulterados. A partir de ese momento, las revisiones internas detectaron operaciones que generaron sospechas entre los integrantes de la entidad.
Entre las irregularidades denunciadas, algunos socios desconocieron las firmas que aparecían en cheques emitidos a sus nombres, mientras que otros descubrieron que figuraban como titulares de préstamos que aseguraron no haber solicitado. La abogada estimó que las operaciones cuestionadas en San Gregorio alcanzaban unos 170 millones de pesos. En Firmat, la mutual presentó otra denuncia por un monto similar, relacionada con cheques que llegaron al cobro a pesar de tener orden de no pagar.
Durante la campaña electoral, se sumó la denuncia de un vecino que afirmó haberle prestado a Garbolino tres cheques de 500 mil pesos cada uno. No obstante, cuando la Fiscalía los secuestró en una mutual de Alcorta, los documentos registraban un valor de 29,5 millones de pesos cada uno. Frente a las acusaciones, el intendente sostuvo que era víctima de una persecución política.
Actualmente, la Fiscalía negocia con Garbolino un juicio abreviado que contempla una pena de tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta alternativa evitaría que cumpla una condena efectiva en prisión, aunque su concreción depende de que el acuerdo judicial avance. Desde la mutual, además, señalaron que hasta el momento no encontraron bienes a nombre del acusado para recuperar el dinero reclamado.
La posibilidad de cerrar la causa mediante un acuerdo genera cuestionamientos por parte de la representación legal de la entidad. Luchessi sostuvo que una condena de esas características sería insuficiente frente al perjuicio denunciado y advirtió sobre el mensaje que podría dejar en otros casos de fraude financiero. Mientras tanto, Garbolino conserva su lugar en la política local, luego de haber obtenido su cuarto triunfo electoral en 2025 bajo el sello de La Libertad Avanza.






