POSADAS - ENCARNACIÓN. La semana comenzó con un fuerte sacudida institucional en la capital misionera tras confirmarse una investigación federal por presunto cohecho pasivo y contrabando. Bajo las órdenes de la jueza María Verónica Skanata, se desplegaron múltiples operativos el pasado lunes en domicilios particulares, oficinas de la Aduana (ARCA) y dependencias del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional. El foco de la justicia está puesto en una presunta organización dedicada al cobro de coimas para permitir el paso de mercadería desde Paraguay a través del puente San Roque González de Santa Cruz, eludiendo los controles pertinentes.

Durante los procedimientos, realizados en puntos estratégicos como el microcentro y las avenidas Leandro N. Alem, Bustamante y Comandante Andresito, las fuerzas federales secuestraron una gran cantidad de teléfonos celulares y computadoras portátiles. Si bien hasta el momento no se han concretado detenciones formales, la investigación apunta a una red que alcanzaría al menos a 40 personas. Las fuentes judiciales confirmaron que el material incautado será clave para determinar el grado de participación de los funcionarios públicos sospechados en estas maniobras delictivas.

El marco legal de la investigación
La causa se encuadra en el artículo 256 del Código Penal Argentino, el cual prevé penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para aquellos funcionarios que reciban dinero o dádivas a cambio de incumplir sus funciones. En un contexto de alta sensibilidad por el movimiento fronterizo, la Justicia Federal busca determinar la sistematicidad de estos cobros y si existía una estructura jerárquica dentro de los organismos de control que avalaba el ingreso ilegal de mercaderías.