POSADAS - ENCARNACIÓN. A medida que avanzan las actuaciones ordenadas por la jueza Federal de Posadas, María Verónica Skanata, la causa por presunta facilitación de contrabando y cobro de coimas ha tomado dimensiones sin precedentes. Según fuentes judiciales, la nómina de involucrados asciende a 46 funcionarios públicos: 24 efectivos pertenecientes al Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional y 22 agentes de la Aduana (ARCA). Entre los gendarmes bajo sospecha se encuentran principalmente suboficiales —doce sargentos y diez cabos— junto a dos alféreces, mientras que en el grupo de aduaneros se identificaron 22 personas, incluyendo a seis mujeres.

Los procedimientos, que se extendieron durante toda la jornada del martes, no se limitaron al secuestro de teléfonos celulares y soportes informáticos. La orden judicial fue taxativa al exigir el registro de todos los vehículos de motor pertenecientes a los involucrados y la incautación de divisas extranjeras o cualquier elemento de interés para la causa. Los allanamientos alcanzaron domicilios en diversos puntos de la capital, como la Chacra 96 y las avenidas Alem, Bustamante y Comandante Andresito, además de las sedes oficiales de ambos organismos en el microcentro posadeño.

Una investigación que viene de arrastre
Aunque el escándalo estalló públicamente esta semana, la Causa 2837 se inició el año pasado en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas. Hasta el momento, y pese a la contundencia de los operativos, no se han concretado detenciones formales, aunque no se descartan medidas más severas a medida que se periten los elementos secuestrados. Por ahora, las autoridades de Gendarmería y ARCA no han intervenido las áreas requisadas, pero el proceso administrativo interno corre en paralelo a la causa penal por cohecho pasivo, un delito que prevé penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.